En un contexto de emergencia nacional y global provocada por el COVID-19, las organizaciones miembro de Futuro en Común, entre las que se encuentra AIPAZ, trasladamos al Gobierno nuestras recomendaciones para las medidas que se adopten, tanto en la gestión de la crisis como en su salida, pongan el foco en las personas en situación de mayor vulnerabilidad y que nadie se quede atrás.
Las entidades que conforman Futuro en Común observan con preocupación el impacto desproporcionado que la pandemia del COVID-19 – y la crisis económica asociada – va a tener sobre las personas y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, tanto en España como en el resto del planeta.
La pandemia pone de relieve desigualdades estructurales de distinta naturaleza (económicas, sociales, de género etc), dentro y entre países, así como los desequilibrios ambientales que están en la base de su gestación.
En España, el sexto país más desigual de Europa, con un 26,1% de personas en riesgo de pobreza y exclusión, donde se lleva “décadas gobernando para las grandes empresas y los ricos” —según el Relator Especial de NNUU de extrema pobreza y DDHH, Philip Alston—, con servicios públicos mermados y un Estado de Bienestar deteriorado, las consecuencias del COVID-19 van a ser devastadoras si no se toman las medidas oportunas.
Por otro lado, a pesar de haberse desatado la crisis en países de la OCDE, su carácter global y sistémico requiere articular una respuesta más allá de nuestras fronteras, coordinada a nivel internacional. El impacto en los países empobrecidos puede ser catastrófico. Aunque son sociedades más jóvenes, la fragilidad de sus sistemas de salud unida a otros serios problemas sanitarios que enfrenta su población vaticinan un riesgo de colapso elevado de los servicios de atención que sufrirán, en mayor medida, las personas y colectivos en mayor riesgo. El sobreendeudamiento de sus Estados y las debilidades estructurales de sus instituciones limitarán severamente la capacidad de gestión de una crisis de esta magnitud.
Frente a estas realidades, Futuro en Común considera fundamental que las medidas de excepcionalidad durante la gestión de la crisis se focalicen en los sectores de población en situación de mayor vulnerabilidad, fortaleciendo el Estado de Bienestar y la provisión de servicios públicos como garantía de derechos humanos. También lo deben hacer las estrategias a adoptar una vez superada la necesidad inmediata de frenar los contagios.
La reconstrucción posterior no puede seguir las recetas de 2008 sino que debe aprovecharse el nuevo ciclo de planificación e inversión para encarar los cambios profundos que nuestro país y nuestro mundo necesitan. Esta crisis global pone en evidencia la necesidad de un cambio de modelo productivo y de sociedad, y la Agenda 2030 nos propone una hoja de ruta para ello.
De la crisis del coronavirus #SalimosTodasJuntas, sin dejar a nadie atrás.
