En la recta final de la aprobación en Naciones Unidas de un Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que comenzó ayer y finalizará el 28 de marzo en Nueva York, Amnistía Internacional, FundiPau (Fundació per la Pau) e Intermón Oxfam piden a los líderes mundiales que se apruebe un Tratado sólido y apuesten por el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La Conferencia es una ocasión única que parte con el apoyo expreso de 157 países que, el pasado 7 de noviembre, adoptaron en la primera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución convocando esta nueva Conferencia.
“El mundo no puede esperar más. Intermón Oxfam estima que más de 325.000 personas han perdido la vida a causa de la violencia armada desde que en julio del año pasado se paralizaron las negociaciones sobre el Tratado, por la petición de Estados Unidos, secundada por Rusia, China y otros países, de “más tiempo” para estudiar el proyecto de texto. Es urgente llegar a un acuerdo, porque todo retraso se mide en vidas humanas y en sufrimiento”, ha manifestado Jaime Atienza, director de Campaña y Estudios de Intermón Oxfam
Amnistía Internacional, FundiPau (Fundació per la Pau), e Intermón Oxfam llevan más de una década denunciando cómo el comercio de armas no regulado contribuye a que se cometan crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, torturas o desapariciones en todo el mundo, propicia que se puedan exacerbar conflictos y frena la lucha contra la pobreza.
Según datos de Intermón Oxfam, los conflictos armados cuestan a África 18.000 millones de dólares al año. La misma cantidad que reciben en ayuda anualmente. El 95% de las armas más usadas en los conflictos africanos -los derivados del fusil Kalashnikov- se fabrican fuera del continente. Al menos el 60 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional en los últimos 10 años está relacionada con el uso de armas pequeñas y ligeras.
Siria, Mali o Sudán son claros reflejos de este comercio sin control. Rusia es el mayor proveedor de armas a Siria, a donde envía un 10% de sus exportaciones, y se niega a detener los suministros. Pero no es el único país que sigue suministrando armas al gobierno de Al Assad, que lleva acumulando todo tipo de material. Por ejemplo en 2010, según Naciones Unidas, Siria importó armas pequeñas y ligeras y munición provenientes de diversos países por un valor superior a un millón de dólares. Todo ello mientras se acumulan indicios de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de las fuerzas estatales sirias. Naciones Unidas calcula que en estos dos últimos años unas 70.000 personas podrían haber muerto y el número de personas heridas podría superar los cientos de miles.
Qué se espera del Tratado
A las organizaciones no les vale cualquier Tratado. La sociedad civil espera que de una vez por todas los líderes políticos tengan el coraje y la capacidad de liderazgo para aprobar una regulación del comercio internacional de armas que proteja los derechos humanos.
Es necesario que el TCA que salga de la reunión de Nueva York sea sólido, con estándares fuertes y pueda ser aplicable. Para ello es necesario que incorpore una “Regla de Oro”, según la cual los Estados no autorizarán exportaciones de armas cuando exista un riesgo de que vayan a ser usadas para cometer o facilitar violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. La historia demuestra que los tratados internacionales más eficaces son fruto de normas sólidas y completas, que se fijan desde el principio.
“Los Estados deben asumir la responsabilidad de las armas que suministran. Mediante una evaluación caso por caso, si existe un riesgo de que las armas se empleen para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves de los derechos humanos, la transferencia no debe realizarse”, ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“EL TCA no es una panacea, pero su consecución es parte esencial de la solución para lograr un mundo mucho más seguro para miles de millones de personas”, ha resaltado Xavier Masllorens, presidente de Fundipau, representante en España de IANSA (siglas inglesas de Red Internacional de Acción sobre las Armas Ligeras).
Los mayores exportadores de armas en el punto de mira
De cara a esta reunión de Naciones Unidas, las organizaciones siguen manteniendo la presión sobre los Estados que más armas exportan en el mundo, de los cuales son además miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China). Estos 5 países son responsables de más de la mitad del comercio mundial de armas convencionales que ha fomentado atrocidades, cuyo valor total anual es de casi 100.000 millones de dólares estadounidenses, según datos de Amnistía Internacional. Por tanto tienen una responsabilidad especial en conseguir un Tratado fuerte y vinculante.
La atención se centra en Estados Unidos, el mayor comerciante de armas del mundo, país que está intentando debilitar el texto del proyecto del TCA pidiendo que no se incluyan en su ámbito de aplicación determinados tipos de armas y municiones.
Sin embargo, ahora la administración Obama tiene la oportunidad histórica de mostrar un firme compromiso con los derechos humanos e implicarse al máximo y adoptar un Tratado que salve vidas. Para ello el Tratado debe incluir la “Regla de Oro” y debe ser aplicable a todos los tipos de armas y municiones, así como al material conexo, las piezas y la tecnología. Las transferencias deben incluir el comercio internacional y también los regalos. Deben regularse los servicios de intermediación, transporte y financiación. Los informes anuales deben incluir información sobre todas las transferencias y actividades y deben estar disponibles para el escrutinio de la opinión pública.
Por último, las tres organizaciones piden al Gobierno español que mantenga el mismo apoyo en las negociaciones de estas semanas y que continúe promoviendo de forma activa la aprobación del Tratado. En España se han conseguido más de 100 apoyos institucionales al TCA por parte del Congreso de los Diputados, 13 Parlamentos autonómicos, Diputaciones y Ayuntamientos.
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Contacto para medios de comunicació:
Amnistía Internacional. Carmen López, clopez@es.amnesty.org, 630 746 802
Fundi Pau. Lourdes Vergés, lverges@fundipau.org, 677 049 275
Intermón Oxfam. María Herránz, mherranz@IntermonOxfam.org, 615 359 401