La celebración de la COP 26, del 1 al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow representa una nueva oportunidad para revisar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con las que se comprometieron todos los Estados firmantes del Acuerdo de París en 2015, entre los que España y la UE son socios importantes.

Actualmente afrontamos un momento único de crisis ecológica y social de la que el cambio climático es un  componente destacado. Los impactos de las actividades humanas sobre el entorno natural son de tal calibre que se han comparado con los cambios geológicos capaces de alterar la biosfera terrestre. Por ello, el consenso de que hemos entrado en la era del Antropoceno, nueva etapa que sitúa a la humanidad en situación de máxima vulnerabilidad frente a la crisis ecológica, es cada vez más amplio.

El recorte de las emisiones GEI resulta crucial en esta tesitura para evitar superar un aumento de 1,5ºC la temperatura del planeta respecto a los niveles preindustriales. Éste es el máximo de aumento que los científicos consideran para mantenernos en una franja de relativa seguridad, con unas condiciones sostenibles de vida para el planeta, tal como recoge el Acuerdo de París. Todas las reducciones de GEI son necesarias para garantizar que se cumpla este objetivo.

La industria militar y los ejércitos contribuyen, en buena medida, a la degradación medioambiental con los impactos derivados tanto del ciclo de producción armamentista como, sobre todo, de las actividades regulares de los ejércitos en tiempo de paz, sin olvidar la fase de eliminación de residuos. Además, la participación en guerras provoca una fuerte contaminación medioambiental de diferentes tipos. Más aún, los ejércitos son grandes consumidores de combustibles fósiles que producen elevadas emisiones GEI.  Un avión de combate F-15, por ejemplo, utiliza 342 barriles (54.510  litros) de petróleo por hora. Un informe del Congreso de Estados Unidos indica que el Pentágono es el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo.

La Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático contempla la obligatoriedad para los Estados  firmantes de publicar anualmente sus  datos de emisiones. Sin embargo, la información de las emisiones militares es voluntaria y a menudo es omitida o incompleta. En un momento crucial como el actual, no podemos permitirnos irregularidades de este tipo. Pese a la escasez de los datos suministrados, investigaciones desde las ONG o instituciones oficiales han reunido valiosa información. Según el  Informe  elaborado en octubre de 2020 por Conflict and Environment Observatory (CEOBS) junto a Scientists for Global Responsibility (SGR), la huella de carbono de los seis mayores ejércitos de la UE  –Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia y España– se calcula que se elevó a 24,8 millones tCO2. Esta cifra equivale a la de unos 14 millones de vehículos de tamaño medio.

Por ello, reivindicamos que el Estado español informe detalladamente de las emisiones militares GEI, del ejército español, a fin de terminar con una situación histórica de excepcionalidad informativa de los ejércitos desde el Protocolo de Kioto.

Tanto la UE –en  su Climate Change and Defence Roadmap, de noviembre de 2020– como los miembros de la Alianza Atlántica OTAN, han afirmado en junio de 2021 la conveniencia de reducir las emisiones militares, pero los Estados miembro no han fijado objetivos concretos, ni han especificado cómo reducir las emisiones.

En un mundo presionado por el cambio climático, resulta inadmisible la excepcionalidad informativa y de objetivos de reducción de emisiones que disfrutan los ejércitos.

Dada  su trascendencia,  esta COP26 debe ser el espacio donde comiencen a monitorearse las emisiones militares globales y nacionales, con un considerable impacto sobre el cambio climático.

Por todo ello, pedimos:

  • Que sea accesible la información relativa a los consumos de combustibles fósiles por los ejércitos y que las emisiones militares producidas rindan cuentas de forma transparente, proporcionando información puntual y completa.
  • Que las emisiones militares estén sujetas a la misma obligatoriedad de reducción que tienen el resto de las instituciones del país. Son los Estados, en su conjunto, quienes han adquirido un compromiso de  reducción de emisiones con la comunidad internacional, y no deben admitirse excepciones a la institución militar.
  • Que se establezcan objetivos precisos de reducción de emisiones y mecanismos de rendición de cuentas periódicas.

Como sociedad civil y miembros de los movimientos por la paz queremos expresar estas reivindicaciones, que esperamos sean tomadas en cuenta tanto por la delegación española como por la organización de la COP26.

Grupo de Paz Medioambiental de AIPAZ

Octubre de 2021

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